Deshaucio expres: atasco judicial

 

La Ley es perfecta, el problema es que en los juzgados no dan abasto, especialmente en las grandes ciudades. Desalojar a un inquilino moroso en un plazo razonable aún no es posible cuando se cumplen dos años desde la entrada en vigor de la Ley 19/2009, del 23 de noviembre, más conocida como Ley del ‘desahucio exprés’. Muchos abogados y sus representados se encuentran que aún se tarda al menos siete meses en recuperar su casa.

El cuello de botella no está en la mesa de los juzgados, pues se están dando fechas para la vista oral en plazos de dos meses, que no está mal, sino a la hora de fijar la fecha de los desalojos (lanzamientos). Esta tarea corresponde al calendario del Servicio Común de Notificaciones y Embargos, con pocas dependencias, y que ha multiplicado sus actuaciones con la llegada de la crisis. Los funcionarios están tan saturados que están fijando fechas de lanzamientos para tres meses después de la vista oral en lugar de los 30 días que fija la ley.

Animados por la supuesta agilidad de la nueva ley, y obligados por la crisis, las denuncias por impagos de rentas han aumentado en torno a un 30%, según estadisticas. Así, se está tardando una media de seis o siete meses para completar el proceso frente a la creencia por parte de los arrendadores que creen que van a recuperar su casa en un mes, cuando la realidad es muy diferente”.

Cuando un casero se topa con un inquilino moroso, su principal deseo es perderlo de vista y recuperar su vivienda para alquilarla de nuevo –con aval bancario de por medio o similar- o, tras el escarmiento, echar las persianas y a otra cosa. Recuperar el dinero que le deben es otro cantar, un proceso de años, costoso, y, muchas veces, una causa perdida.

Por eso, el propietario siempre sale perjudicado cuando el inquilino no entrega las llaves en la primera notificación porque, por la vía legal, si es insolvente, sabe que hasta dentro de tres meses no le van a echar de la vivienda y no estará cometiendo un delito. Simplemente se beneficiará del atasco judicial.

Dos años del desahucio ‘exprés’

Para aliviar este mal trago a los propietarios y así fomentar el mercado del alquiler por el lado de la oferta, el 24 de diciembre de 2009 entró en vigor una ley que 1) establecía un plazo de un sólo mes desde que se reclama el pago al inquilino -vía burofax, por ejemplo- hasta que se interpone la demanda. En este plazo, si el este abona los atrasos se podrá quedar en la casa; además, 2) permitía a los caseros notificar la demanda al inquilino y, si este no la recibe, basta con colgarla en el tablón de anuncios del juzgado, y, finalmente, 3) en el mismo en el momento en que el fijaba el día del juicio también se indicaba el día del lanzamiento -desalojo- de la casa.

Esa vía legal para desalojar al inquilino que no paga cuesta algo más de 1.000 euros, entre las minutas del abogado y un procurador.

Lo primero que tiene que hacer el arrendador cuando no le pagan la renta es enviar un burofax a su arrendatario invitándole a satisfacer los pagos pendientes. Pasado un mes –con la ley anterior eran dos meses- desde la notificación, si el inquilino no ha pagado ya no podrá dar marcha atrás al proceso .

Al cabo del mes se interpone la demanda de desahucio y el juez fija una fecha para una vista oral en la que dispone, además, la fecha del desahucio (lanzamiento), al que se debe proceder en el plazo de un mes.

El día del desahucio

“En ocasiones los vecinos se asustan”. No es para menos, en un desahucio pueden llegar a concurrir hasta una decena de personas, pues tiene lugar en presencia de, al menos, una pareja de polícías, dos funcionarios judiciales, el abogado defensor, el procurador, el casero y un cerrajero. “Aunque no es habitual, añade, en ocasiones nos encontramos que en la casa hay personas mayores, niños o animales”. Otras veces simplemente hay basura o muebles.

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